Comisión especial para ESTUDIAR intervención de comuna de CDE

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La Cámara de Diputados conformó una comisión especial para estudiar el pedido de intervención de la Intendencia Municipal de Ciudad del Este a cargo de Sandra McLeod de Zacarías (ANR). Los concejales opositores, además de la concejal colorada Lilian González, votaron por el pedido de intervención de la administración municipal citando varios hechos irregulares.

Tras un extenso debate el miércoles 31 de octubre de 2018, el pleno de la Cámara de Diputados resolvió la creación de una comisión especial por cada uno de los seis pedidos de intervención enviado por el Poder Ejecutivo para su consideración. Se trata de los municipios de Ciudad del Este (Alto Paraná), La Colmena (Paraguarí), Santa Rosa del Aguaray (San Pedro), Ñumi (Guairá), Limpio (Central) y Mbocayaty del Yhaguy (Cordillera).

Tal como se acordó, previamente, en la reunión de la Mesa Directiva, cada comisión especial estará conformada por un número de 9 integrantes, de los cuales 4 corresponden a la ANR, 3 al PLRA y, 2 a otras fuerzas políticas menores.

El listado de legisladores que analizarán los pedidos de intervención fue consensuado, tras un cuarto intermedio, dentro de los diferentes bloques parlamentarios. Se estableció, igualmente, que ningún diputado integre estas comisiones especiales si es que algunas de las instituciones a ser intervenidas pertenecen a sus respectivos departamentos, salvo que integren otras comisiones de otros departamentos.

Sandra McLeod de Zacarias

CIUDAD DEL ESTE

ANR: Basilio Núñez (PResidente Hayes), Miguel Ángel Del Puerto (Caaguazú), Ángel Paniagua (Central), Juan Carlos Galaverna (Central).

PLRA: Antonio Buzarquis (Caaguazú), Andrés Rojas (Concepción), Hugo Capurro (Misiones).

Fuerzas políticas menores: Sebastián Villarejo (PPQ–Capital), Tito Ibarrola (PPH–Central).

LIMPIO

ANR: Justo Zacarías (Alto Paraná), Tadeo Rojas (Central), Marlene Ocampos (Alto Paraguay), Colym Soroka (Itapúa).

PLRA: Julio Mineur (Presidente Hayes), Roya Torres (Alto Paraná), Teófilo Espínola (Canindeyú).

Fuerzas políticas menores: Jorge Brítez (CN–Alto Paraná).

LA COLMENA

ANR: Ever Rivas (Paraguarí), Hugo Ramírez (Capital), Juan Carlos Ozorio (Capital), Jazmín Narváez (Central).

PLRA: Eusebio Alvarenga (Guairá), Marcelo Salinas (Central), Esmérita Sánchez (Caaguazú).

Fuerzas políticas menores: Sebastián García (PPQ–Capital).

SANTA ROSA DEL AGUARAY

ANR: Blanca Vargas (Alto Paraná), Avelino Dávalos (Caazapá), Ramón Romero Roa (Alto Paraná), Esteban Samaniego (Paraguarí).

PLRA: Jorge Avalos Mariño (Paraguarí), Carlos Silva (Ñeembucú), Celeste Amarilla (Capital).

Fuerzas políticas menores: Norma Camacho (PEN–Central).

ÑUMI

ANR: Fernando Ortellado (Guairá), Néstor Ferrer (Central), Luis Urbieta (Concepción), Edgar Espínola (Caaguazú).

PLRA: Sergio Rojas (Central), Ariel Villagra (San Pedro), Carlos López (Cordillera).

Fuerzas políticas menores: Carlos Rejala (PH–Central) y Katya González (PEN–Central)

MBOCAYATY DEL YHAGUY

ANR: Vicente Rodríguez (San Pedro), Nazario Rojas (Cordillera), Luis Urbieta (Concepción), Rubén Balbuena (Itapúa)

PLRA: Rodrigo Blanco (Central), Edgar Ortiz (Itapúa), Pastor Vera Bejarano (San Pedro)

Fuerzas políticas menores: Rocío Vallejo (PPQ–Central).

Los congresistas debatieron, ampliamente, acerca de la legalidad o no del previo concurso de la Contraloría General de la República, para que sea válida la intervención.

Algunos sostuvieron que el requisito primario es un dictamen de la Contraloría General para elevar el respectivo pedido de intervención por la Junta Municipal. Sin embargo, otros entendieron que existiendo una duda razonable y una mayoría calificada, el pedido ya es factible.

Se decidió, no obstante, que el debate se traslade en el seno de las respectivas comisiones especiales que fueron conformadas.

En donde sí hubo coincidencia es en la necesidad de analizar todos los antecedentes, escuchar a todas las partes y actuar de acuerdo a lo que establecen las normas para cada caso.

Las comisiones especiales deberán emitir dictámenes en un plazo no mayor a 15 días a partir de la fecha. Estas determinaciones se pondrán a disposición del pleno de la Cámara de Diputados, que decidirá si acepta o no la intervención de cada uno de ellos.

Si la decisión es por la intervención, la resolución deberá ser remitida al Poder Ejecutivo para la designación de un interventor, cuyo dictamen, será, nuevamente, decidido por el pleno de la Cámara Baja.

 

 

 

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