Contraloría ACUSA a Prieto por MAL DESEMPEÑO y MALVERSACIÓN

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Miguel Prieto, intendente de CDE.

La contraloría ciudadana de Ciudad del Este, acuso al intendente esteño, Miguel Prieto Vallejos, por mal desempeño en su función y malversación de fondos públicos, que está tipificado como delito de lesión de confianza. Esto con relación al cobro del impuesto inmobiliario que no se usó en el porcentaje establecido para inversión. Y por la contribución especial para pavimentación, que se recaudó, y no se utilizó en las obras establecidas que son pavimento, y sus complementos como ser desagüe pluvial o cloacal. En la conclusión dijeron que corresponde una denuncia penal por Prieto en la fiscalía.

El documento entregado por los miembros de la contraloría ciudadana analizó solamente lo relacionado al tributo por tenencia de tierra por la contribución especial para pavimentación.

En su conclusión dicen que el intendente Prieto cometió malversación de fondos público, que está tipificado como delito de lesión de confianza con una expectativa de cárcel de hasta 10 años.

Igualmente señalan que existe un mal desempeño en sus funciones del jefe comunal.

La parte conclusiva del informe dice:

“Del análisis sobre el nivel de cumplimiento a lo establecido en el Art. 179 de la Ley N° 5513/15, se observa que de los G. 15.381.663.921.- que debieron aplicarse a Gastos de Capital, sólo se aplicaron G. 7.708.144.276.- que representa el 50,11%, y el monto que habría sido asignado a otros Gastos suman G. 7.673.519.645.- y representa el 49,89%.”.

El punto indicado arriba se refiere al cobro del impuesto inmobiliario del cual se debe descontar el 30% que en un 15% corresponde a la Gobernación y el otro 15% al Ministerio de Hacienda para los municipios de menores recursos.

Agrega la conclusión: “La inobservancia y apartamiento de lo previsto en el Art. 179 de la Ley N° 5513/15, configura incumplimiento de la Ley (Art. 51 inc. “e” de la Ley N° 3966/10 Orgánica Municipal), que implica mal desempeño de funciones (Art. 2° Numeral 1. Literal “b” de la Ley 317/94).”

Sigue sosteniendo que: “Otro agravante de la conducta violatoria del Intendente Municipal, de expresas disposiciones legales exigidas para la distribución y administración de lo recaudado en impuestos inmobiliarios, reviste las características de una ilicitud penal conocida como malversación, consistente en la acción de usar indebidamente dinero o bienes ajenos o del Estado, en cosas diferentes a los que iba destinado su uso, provocando un perjuicio patrimonial; tipificada en el Art. 192 del Código Penal, como lesión de confianza.”

Y señala que: “Situación que amerita la formulación de una denuncia penal ante el Ministerio Público. Cabe mencionar que las mismas prácticas se dieron durante la administración de Sandra Mc Leod de Zacarías, y fue una de las causales para la intervención de su administración”.

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