Más de 1500 denuncias laborales se registran hasta la fecha en la Oficina Regional del Ministerio de Trabajo.

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Respecto a las empresas más denunciadas, encabezan la lista, empresas de seguridad y maquiladoras. Según los datos, éstas aún funcionan sin controles estrictos, además, atraen a gran cantidad de trabajadores, prometiendo importantes incentivos, que al final no cumplen, y más bien, terminan explotando a los mismos, según denuncian.

El reporte de la Oficina Regional del Ministerio de Trabajo indica que se registraron 1661 denuncias desde enero del 2019 hasta la fecha. Según detalla el documento, 60% de éstas, tienen por motivo, despidos injustificados; mientras que el 35% restante corresponde a denuncias por maltratos y suspensiones injustificadas; y el último 5% ocurre por desvinculaciones por estado de gravidez, y el no pago de los reposos correspondientes.

Sobre las empresas más denunciadas, encabezan la lista las de seguridad privada y las maquiladoras, éstas, cada que reducen personal, desvinculan a gran cantidad de trabajadores, y se niegan a abonarles las indemnizaciones correspondientes, indicaron.

Posteriormente se sitúan los supermercados, así como también los rubros particulares, como empleadas domésticas, y trabajadores de construcción. Según reportaron además desde la institución, en este último trimestre aumentaron las denuncias de ex trabajadores de comercios del microcentro; y se registró un incremento de quejas contra la Municipalidad de Ciudad del Este, según detallaron, por desvinculaciones, 42 ex funcionarios denunciaron a la comuna, en su mayoría por haber sido despedidos pese a contar con estabilidad y antigüedad. Mientras que en la época de la intervención de la institución municipal, sólo habían denunciado 11 personas.

El director de la Oficina Regional del Ministerio de Trabajo, Abog. Julio Valdez, refirió que la mayoría de las quejas son por despidos injustificados. Respecto al trabajo que realizan en la institución, explicó que, se limitan a la mediación, buscando que los empleados y patronales lleguen a un acuerdo en la primera instancia, y no tengan que pasar a los estrados judiciales. (La Jornada)

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