Prieto debe devolver PLATA que pago por CHATARRA MOVIL

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El intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto, y el proveedor de maletín, Aldo Rodrigo Galeano Recalde, dueño de R y R Import. Export. deberán devolver al municipio los 300 millones de guaraníes que se pagó por la chatarra que convirtieron en clínica móvil. La Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, concluyo que el proceso de compra se hizo en forma irregular y se anula todo el proceso de compra. Los documentos ya fueron enviados a la Contraloría General de la República.

Luego de casi un año salió la conclusión final de Contrataciones Públicas, sobre la compra de una chatarra que luego convirtieron en clínica móvil. El proceso de compra queda anulado, y se debe devolver el dinero. Debe haber una reparación al daño patrimonial causado a la comuna esteña.

Miguel Prieto, intendente de CDE.

El intendente Prieto compró una clínica móvil que fue equipado sobre un bus chatarra. La adquisición se hizo de una firma de maletín identificada como R y R Import. Export., donde aparece como dueño Aldo Rodrigo Galeano Recalde.

En los documentos aparece también como responsable Walter García, que es el encargado del área de salud en la comuna de CDE.

Claramente se ve que esta nota de remisión esta todo emendado, lo que hace suponer que fueron adulterada.

Los documentos revelan cómo se manipulo el proceso para adjudicar a la firma de maletín la compra de la clínica móvil, que se armó en un colectivo chatarra.

Algunos de los documentos fueron groseramente adulterados. Todo esto para concretar la compra que está plagado de irregularidades y donde aparece como principal responsable es el intendente Prieto.

El informe final de Contrataciones dice que la administración municipal de Miguel Prieto incurrió en una serie de irregularidades durante el proceso de compra de un bus convertido en clínica móvil, donde la institución invirtió la suma de G. 299.531.667.

Recibo por cerca de G. 300 millones. Esa plata debe devolverse al municipio.

La investigación se inició a partir de una denuncia, que dio lugar el caso 213/2020. El llamado a licitación se realizó en diciembre del 2019 y la entrega a la Comuna tuvo lugar en marzo del 2020.

Agrega: “Dar por concluida la investigación, declarar que el procedimiento licitatorio está viciado de inconsistencias administrativas en contravención de la Ley 2051/03 y sus reglamentaciones, conforme lo expresado en el exordio de la presente resolución”, refiere la resolución número 1068/2021, de fecha 12 de marzo de Contrataciones Pública.

El pasado 18 de marzo de 2021, la DNCP notificó del resultado de la investigación a la Junta Municipal, así como a la Contraloría General de la República (CGR), “a los efectos que hubiere lugar, recomendar a la convocante deslindar responsabilidades en el orden administrativo”.

Lo que se debe hacer es devolver el dinero. Esto lo debe hacer el intendente Prieto y el proveedor Aldo Rodrigo Galeano Recalde.

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