Terminal del Km. 30 se construyó SIN ESTUDIO de IMPACTO AMBIENTAL

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El gobernador del Alto Paraná, Roberto González Vaesken, autorizó la construcción de la terminal de ómnibus del Km. 30 Minga Guazú, sin el estudio de impacto ambiental exigido por Ley. Con esto la obra es ilegal, al igual que los pagos. Hasta el momento no se informó si ya se cuenta con el documento del Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES).  La obra fue adjudicada a la empresa unipersonal de Juan Vicente Martínez Acuña, “utilizado” para negociados en la ejecución de obras públicas.

En una nota enviada por la Gobernación del Alto Paraná, a Pablo Fernando Seitz Ortiz, director Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), reconocen que la obra de la terminal de ómnibus no tenía el estudio de impacto ambiental. Esto es exigido por Ley, y la nota fue enviada ante un reclamo de Contrataciones Pública, alertando sobre la ilegalidad que se estaba cometiendo.

Pese a esta situación el gobernador González Vaesken, dispuso que la obra comience. Es que con el emprendimiento se estaba concretando un negociado, que se confirma con la adjudicación que hicieron a Juan Vicente Martínez Acuña, quien es usado para estos fatos con el dinero de los contribuyentes.

La nota que revela que la Terminal del Km. 30 se construyo sin estudio de impacto ambiental. Todo ilegal.
Se violo la Ley para concretar un negociado mas de la administración regional de Roberto Gonzále Vaesken.

El responsable de la Unidad Operativa de Contrataciones (UOC) de la Gobernación del Alto Paraná, Juan Antonio Camp Ausina, argumenta la necesidad de realizar la obra en forma inmediata debido supuestamente a que las personas que allí trabajan están en peligro. Pero se olvida que están así hace más de 20 años.

“Una construcción sumamente necesaria para la comunidad ya que proporcionaría seguridad y confort para todos los usufructuarios, en vista que en la actualidad las misma sólo cuentan con casillas significativamente precarias representando el mismo un peligro para todos los mismos y la ejecución tan anhelada proporciona soluciones de a los problemas existentes”, dice la nota tratando de justificar que tenían el estudio de impacto ambiental exigido por Ley.

Roberto González Vaesken.

Agrega la misiva: “No está demás mencionar que el MADES cuenta con procesos administrativos burocrática con plazos establecidos de conocimiento general, por lo que el trámite es tardo.

La Convocante, Gobernación del Alto Paraná sigue firme en su compromiso, asumiendo toda la responsabilidad que concierne a este proceso de referencia y se compromete una vez más a remitir la documentación solicitada cuando el MADES remita el correspondiente finiquito de la Evaluación de Impacto Ambiental, dejando expresa constancia que una vez que el mismo sea procesado será remitido a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas a través de los medios correspondientes”.

Hasta el momento la Gobernación no confirmó si cumplió con este requisito legal. La construcción de la obra es ilegal, por lo que los pagos realizados por la misma también se hicieron en forma ilegal y el Gobernador debe dar una explicación.

MANIPULACION PARA INFLAR PRECIO

Los documentos revelan que el monto inicial previsto para la ejecución de la terminal del Km. 30, fue 2.468 millones de guaraníes. La suma estaba prevista en los presupuestos de 2019 y 2020, de la Gobernación del Alto Paraná administrado por Roberto González Vaesken.

Al momento de la adjudicación de la obra, como corresponde, se optó por la más baja. Fue la que presentó Juan Vicente Martínez Acuña, de G. 2.092 millones de guaraníes. El monto fue considerado excesivamente bajo por los otros oferentes, pero atendiendo a que era la más ventajosa se le adjudicó.

Pero luego se decidió realizar una ampliación de contrato y el monto adjudicado trepo a cerca de 2.500 millones de guaraníes.

Estas son evidencias de que se manipulo el proceso para inflar el precio y concretar un negociado con la obra financiada con dinero del Estado.

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